Quince gobernadores pidieron destrabar la ayuda sanitaria a las provincias y denunciaron faltas de provisiones para algunos programas.

La reacción llegó horas después de sancionarse la ley de emergencia alimentaria, que permite aumentar las partidas para los planes de nutrición y alimentos y para muchos mandatarios prioriza la asistencia a la Ciudad de Buenos Aires y  la provincia.  

A través de una solicitada, los ministros de Salud de esas provincias exigieron al Gobierno nacional tomar a la salud como "un derecho humano básico" y "frente a la falta de respuesta en reiterados reclamos realizados por distintas vías y ante la situación extraordinaria de Emergencia Sanitaria y prestacional", enumeraron una serie de anomalías.

La principal fue el "abandono de programas nacionales en las provincias y falta de provisión de leche, vacunas, medicamentos, insumos, drogas oncológicas, reactivos, antiretrovirales, entre otros".

También el "deterioro en la cobertura de personas con discapacidad" y la "falta de regulación que lleva a un aumento explosivo de precios de medicamentos y de bienes y servicios indispensables para la salud de las personas".

Alertaron además sobre la "falta de previsibilidad y de decisiones políticas sanitarias para determinar qué cubre el Estado nacional".

Y exigieron "medidas urgentes y que se recupere el rol de rectoría del Estado Nacional hasta el último día del mandato que la Constitución Nacional lo establece".

Firmaron el comunicado Adrián Pizzi (Chubut), Alejandra Venerando (San Juan), Andrea Uboldi (Santa Fe), Guillermo Ruckauf (Tierra del Fuego), Judit Díaz Bazán (La Rioja), Luis Zapico (Chaco), María Rocío García (Santa Cruz), Natividad Nassif (Santiago del Estero) y Ramón Figueroa (Catamarca).

También se sumaron Rossana Chahla (Tucumán) Silvia Sosa Araujo (San Luis) Sonia Velázquez (Entre Ríos) Walter Villalba (Misiones) Roque Mascarello (Salta) Luis Fabián Zgaib (Río Negro).